El presidente panameño, Juan Carlos Varela, reconoció hoy que la situación del sistema judicial es "delicada" y "complicada", pero descartó que se trate de una "crisis institucional" que requiera la intervención de una comisión internacional, tal y como demandan ciertos sectores de la sociedad.
"La situación del sistema judicial es complicada, pero yo creo que nuestro país está a la altura de superarla", dijo el mandatario en declaraciones a los periodistas.
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Una crisis, apuntó Varela, es lo que vivió Panamá el 20 de diciembre de 1989 cuando las tropas estadounidenses invadieron el país para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega: "Eso sí fue una crisis muy profunda. Ahora lo que hay es una situación delicada en el sistema judicial", añadió.
Varias organizaciones civiles han pedido la creación de una comisión de alto nivel contra la impunidad después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, destapara un supuesto chantaje para manipular el proceso por escuchas ilegales contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), una de las principales del país, aseguró este miércoles que la crisis institucional es "profunda", "demanda la conformación de una coalición ciudadana" y "evidencia una fractura de todos los Órganos del Estado".
"Nuestro país está fortaleciendo su democracia, lo que estamos viendo es la consolidación del sistema democrático a través de la separación de poderes y la actuación responsable y valiente de funcionarios públicos que están haciendo su trabajo", insistió Varela en referencia a la fiscal general.
Porcell aseguró el lunes en un vídeo difundido en las redes sociales del Ministerio Público que el presidente del Supremo, Hernán De León, le dijo en una reunión privada el pasado 30 de julio que la causa contra Martinelli por presunto espionaje político "se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar".
En esa reunión, según Porcell, el magistrado De León también le indicó que había sido víctima de una grabación, junto a otras 5.000 personas, e insinuó que se estaba usando esa interceptación ilegal para chantajearlo e influir en el proceso contra Martinelli.
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Las declaraciones de la fiscal han causado todo un revuelo político en Panamá y han enturbiado el ya de por sí enrevesado proceso judicial por escuchas ilegales que enfrenta en el Supremo el Martinelli, quien el martes rechazó estar detrás de las supuestas presiones al magistrado De León.
Martinelli, un multimillonario empresario de 66 años, se encuentra detenido en una cárcel a orillas del Canal de Panamá desde el pasado 11 de junio, cuando fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido judicial por la causa de las escuchas.
El caso se tramita en el Supremo porque cuando el exmandatario fue acusado formalmente en octubre de 2015 aún era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque su defensa busca que el proceso se traslade a un tribunal ordinario porque ya renunció a ese cargo.
